MANIFIESTO POR LA LAICIDAD
NOTA: Personas de nuestro Colectivo de Espiritualidad ha enviado algunas aportaciones a este Manifiesto por la Laicidad publicado y renovado por Redes Cristianas en junio 2017
Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Redes Cristianas apuesta decididamente
por la independencia, respeto mutuo y colaboración entre el Estado y las
confesiones religiosas y aboga por un Estado laico que supere el actual
confesionalismo encubierto y por una Iglesia inspirada sólo por el Evangelio y
no sometida a ningún tutelaje del Estado.
Consciente de que las actuales
relaciones entre Iglesia/Estado en España,
basadas en los Acuerdos del año 1979,
han sido el principal obstáculo a la separación entre ambos y que actualmente
están generando un gran malestar en amplios sectores, sean católicos o no,
Redes Cristianas manifiesta abiertamente su apuesta por la laicidad e invita a
cuantas instituciones y personas se sientan motivadas por este objetivo
democrático a colaborar activamente en la construcción de un Estado laico.
Laicidad es la progresiva maduración de la sociedad hacia una cultura del pluralismo y del
respeto a la diferencia, creando espacios de convivencia y libertad que hagan
posible el diálogo entre todas las
ideologías filosóficas y creencias religiosas. El desarrollo progresivo de la laicidad debe ser considerado como un elemento inherente a la democracia, hasta el
punto de poder afirmar que sin laicidad no existe democracia completa. Y,
puesto que el único garante de este espacio común y
público es el Estado,
laicidad implica necesariamente la autonomia plena del Estado respecto de
cualquier magisterio religioso o cosmovisión filosófica que pretenda imponerse
como la única verdadera. Desde esta
convicción:
1 Denunciamos los Acuerdos de 1979 del Estado español con la
Santa Sede, herederos del Concordato de 1953 y pedimos su derogación porque, nacidos en un contexto
preconstitucional de privilegio confesional católico, están afectando hoy día a
una sociedad religiosamente plural y ampliamente secularizada y son causa de
muchos de los conflictos que, en esta materia, afectan a la convivencia
ciudadana. En consecuencia, exigimos que
las entidades dependientes de la Iglesia Católica y demás confesiones
religiosas se acojan al derecho civil que regula la vida asociativa en el
Estado español.
2 Apostamos por una laicidad
plena que reconozca la autonomía de lo político y lo civil respecto a lo
religioso y filosófico y
camine hacia la separación efectiva y definitiva de la Iglesia y el
Estado, reconociendo a todos los ciudadanos/as
igualdad de derechos y deberes, sin privilegios ni ventajas y garantizando el
ejercicio de las libertades fundamentales para todos y todas.
Para hacer esto realidad urge modificar
el actual marco legislativo español, al menos en los siguientes puntos: reforma de la Constitución que supere
la contradictoria redacción de los artículos 16 y 27; nueva Ley de Libertad de Conciencia que
proteja y garantice la libertad de pensamiento y conciencia sin privilegio
alguno; y aplicación con efectos
retroactivos de la modificación del año 2012 del artículo 206 de la Ley Hipotecaria que deroga la capacidad
que tenían los obispos para inmatricular a nombre de la Iglesia propiedades
inmobiliarias anteriormente no registradas.
3 Abogamos por un “pacto por la laicidad” entre
confesiones religiosas y el Estado, que incluya un “estatuto de laicidad” en el que se garantice la neutralidad
ideológica de las Administraciones Públicas. Ello implica, entre otras cosas,
eliminar cualquier tipo de simbología
religiosa en los actos oficiales, y en lugares y edificios de titularidad
pública; así como cualquier presencia oficial de autoridades civiles o
militares en los actos religiosos. Dicha neutralidad ideológica de las
administraciones públicas comporta también la supresión de honores civiles,
condecoraciones o nombramientos civiles a imágenes o patronos de carácter
religioso, la supresión de capillas en las sedes de cualquier dependencia de la
Administración, sea escolar, sanitaria, de centros penitenciarios, juzgados,
cuarteles, embajadas…etc. Y, por consiguiente, la supresión de la figura de los
“capellanes funcionarios católicos”.
4 Defendemos la
“laicidad en la Escuela” y apostamos por una Educación que tenga como
objetivos centrales la formación integral de la persona, el aprendizaje con
enfoque de género, la socialización y la formación en derechos humanos, sin
proselitismos ni adoctrinamientos. El sistema educativo debe articularse a
partir de principios de igualdad, libertad y formación crítica para todas las
personas.
Reconocemos y valoramos el pluralismo
religioso y cultural existente, y, en consecuencia, denunciamos la actual presencia de la religión
confesional católica en el sistema educativo, por entender que la Religión
debe transmitirse a través de instituciones y medios privados, no en la Escuela
pública, que ha de ser laica.
5 Denunciamos el
actual sistema de financiación de la
Iglesia Católica por el Estado español y exigimos la adopción de medidas
urgentes que supongan avances decisivos en el proceso de autofinanciación de la Iglesia Católica, objetivo que los propios
obispos asumieron al firmar el Acuerdo sobre Asuntos Económicos en 1979. Un
primer paso, de aplicación inmediata, debe ser la supresión de la casilla de
“asignación a la Iglesia Católica” en la Declaración del Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas (IRPF).
6 Afirmamos la autonomía
de la ética civil, frente a la moral religiosa.
Con independencia de las exigencias morales que el
Evangelio representa para nosotros como cristianos, afirmamos nuestra
firme convicción de que en una sociedad plural y secularizada, los códigos morales por los que han de regirse los
ciudadanos han de basarse en principios de la Ética Civil Común, que se derivan de valores fundamentales como:
afirmación de la vida, libertad, justicia, verdad, pluralismo,
igualdad y construcción de la paz. Estos
imperativos éticos no precisan legitimación ni rectificación alguna por parte
de ninguna moral religiosa que, de hecho, no es compartida por toda la
ciudadanía. En consecuencia, denunciamos
cualquier presión de la jerarquía católica para imponer su moral sobre la ética
civil universal. En una sociedad laica, la Ética ha de ser construcción y
patrimonio de todos sin distinción.
A la vez, exigimos que las
confesiones religiosas, y en particular la Iglesia Católica, revisen sus códigos morales y su organización antidemocrática para superar tanto las
huellas de clericalismo aún vigentes, como sobre todo, las múltiples
discriminaciones por razón de orientación sexual y de género que, aún sufren
muchos de sus miembros.
7 Exigimos de los Medios de Comunicación máxima neutralidad y respeto
a las creencias religiosas y convicciones éticas y filosóficas de toda la
ciudadanía. En consecuencia, denunciamos a la Conferencia Episcopal Española
por la intolerable línea editorial que mantienen los Medios de Comunicación
bajo su control, defendiendo a ultranza posiciones ideológicas, políticas y
morales reaccionarias, al servicio de los poderosos de la sociedad, y
contrarias a las prioridades evangélicas. De igual modo reclamamos del Gobierno
mayor firmeza en la garantía del respeto a los derechos de toda la ciudadanía,
así como igualdad de trato para evitar abusos en el ejercicio de la Libertad de
Expresión.
Teniendo en cuenta que la transición
religiosa a la democracia en España está aún pendiente de llevarse a cabo, los
colectivos cristianos agrupados en Redes Cristianas, urgimos al actual gobierno del Estado y a las jerarquías de las
confesiones religiosas, especialmente a la de la Iglesia Católica, a que asuman
responsablemente, y pongan en práctica, el espíritu
de la Constitución, que en el Art.16 párrafo 3, apuesta por el Estado laico al
afirmar que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Redes
Cristianas, junio 2017
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